La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha sido aprobada en el Pleno del congreso de los diputados. Se hará efectiva a partir del 1 de enero del 2015, puede leerse en el documento de este enlace.

Esta ley lleva siendo comentada en la red desde hace un tiempo y puede llegar a afectar a cualquier internauta. Uno de los aspectos más polémicos de ella, es el llamado canon AEDE o tasa Google (aunque afecta a más empresas que a la propia Google). El caso viene siendo que la Asociación de Editores de Diarios Españoles (ADEDE) culpa a servicios como Google News de enlazar a sus contenidos, robando éstos sin pagar nada a cambio. La verdad es que estos servicios muestran titulares a los usuarios y generan una buena cantidad de visitas hacia este tipo de páginas web, pero la polémica no es nueva: llevan hablando de esto desde 2013 y en Alemania han intentado, sin mucho éxito esta misma política. El resultado en Alemania ha sido que Google retirase los enlaces de los periódicos afectados, volviendo ellos mismos semanas más tarde a aceptar que Google los enlazase de nuevo (después de retirarlos, han debido notar un descenso considerable en las visitas hacia sus portales web).

De esta forma, España se convertirá en el primer país que cobre por enlazar contenidos de noticias y similares, al estilo de Google News. Según expertos abogados en materia de propiedad intelectual e Internet, esta nueva ley no ayuda para nada a los usuarios: “Es una ley al margen de la voluntad de los ciudadanos, un caso de cómo se está gobernando en favor de solo unos pocos. Es un ejemplo de libro de la corrupción del sistema”.

Los cambios incluidos en esta ley contemplan la posibilidad de cerrar una página Web sin necesidad de intervención judicial. En casos anteriores, los jueces determinaban no cerrar determinados portales, por lo que con esta ley se ha buscado saltarse esta intervención y poder cerrar cualquier web sin más pasos intermedios. Esta forma de proceder puede llevar al cierre de páginas que enlacen contenidos de editores que formen parte de la ADEDE, pero también puede afectar a una empresa con actividad online y llevarla a pensarse dos veces acerca de sus contenidos o publicar determinadas actividades.

Según el Bufet Almeida: “Ante la disyuntiva de una multa o cerrar la página, mucha gente decidirá ni siquiera empezar, no arriesgarse. Eso es censura. Directamente no va a haber página. La gente ya ni se lo va a plantear. Por ejemplo, una empresa de hosting pequeña no puede estar recurriendo multas y pagando abogados. Al final es actividad económica que se va a perder (…) La Ley abre la posibilidad al Estado de sabotear cualquier contenido online por el simple uso del miedo. ¿Se va a arriesgar un proveedor de hosting a una multa de 600.000 euros por dar alojamiento a una web de enlaces? No. (…) Este sistema de censura es el mismo que se empleó con Wikileaks: intentar ahogarlo económicamente cerrando su acceso a PayPal, servicios de hosting, tarjetas de crédito…”.

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